El escrito está firmado por 143 licenciados en trabajado social que reconocen la problemática del aborto y enumeran una serie de medidas para acompañar a las mujeres embarazadas sin necesidad de llegar a la decisión de abortar.
“Si el aborto clandestino es un problema sanitario, corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida”, anuncian.
Se apoyan en artículos constitucionales, en la Academia Nacional de Medicina, en las leyes de protección para erradicar la violencia contra las mujeres, y la de protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes, entre otros.
En el manifiesto, refutan varios artículos de la ley y consideran que dicho proyecto: “Faculta a los menores de 16 años para decidir abortar con su solo consentimiento; […] niega al Poder Judicial su intervención en el Art. 13 diciendo que “la interrupción voluntaria del embarazo se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa’”.
Como propuestas, proponen: crear un Programa Integral de protección del niño por nacer, de la mujer embarazada y de adolescentes; instalar Centros de Atención a la mujer embarazada, en todos los hospitales públicos; promover la educación sexual integral; crear líneas telefónicas gratuitas para solicitar apoyo e información; participar en equipos interdisciplinarios para aportar como trabajadores sociales estrategias que agilicen los casos de abuso y violación; articular con las oficinas de violencia a la mujer y protección a las víctimas de abuso; entre otras cuestiones.
Por su parte, el colectivo de trabajadores sociales de la provincia del Chaco se unió a este pedido, con las firmas de 60 profesionales que se mostraron en defensa del “derecho a la vida desde el momento de la concepción", apoyándose en el artículo 15, inciso 1 de su Constitución Provincial.+
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