Las reuniones de trabajo entre funcionarios gubernamentales y referentes eclesiásticos por este tema fueron confirmadas a AICA por el presbítero Máximo Jurcinovic, responsable de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
“Se han conformado equipos técnicos donde participan especialistas en la materia y se inició un diálogo con el Gobierno para discutir alternativas al sistema de sostenimiento vigente”, sostuvo el sacerdote.
El portavoz episcopal precisó que aún no se avanzó sobre ninguna propuesta de reforma pero se ha iniciado un camino que pueda dar lugar a nuevas alternativas
Las reuniones en este sentido también fueron confirmadas al diario Perfil por el Secretario de Culto de la Nación, Alfredo Abriani.
“La Secretaría de Culto y la Jefatura de Gabinete están analizando junto a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) alternativas al actual sistema de sostenimiento”, subrayó el funcionario nacional.
Abriani puntualizó que las conversaciones en curso se refieren al “único aspecto que responde al Artículo 2 de la Constitución, que habla del sostenimiento del culto católico”.
Más allá de los reclamos y proyectos legislativos presentados desde diversas bancadas, fuentes gubernamentales citadas por Perfil aclararon que no está en carpeta ningún cambio en el resto de los rubros que integran las transferencias a la Iglesia desde los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Educación.
Al finalizar la Asamblea Plenaria de abril, la CEA informó en un comunicado que hubo “conversaciones del tema económico, de las asignaciones de los obispos” y se debatieron “algunas alternativas para seguir conversando y para proponerlas también”.
El Presupuesto prevé 130.421.300 pesos para el pago de asignaciones de obispos y otros cargos eclesiásticos, cifra que equivale al 7% del presupuesto que maneja el Episcopado.
Esa partida se destina a la asignación para obispos y obispos eméritos -equivalente en promedio al 80% de la remuneración de un juez de Primera Instancia-, a mantener parroquias de frontera, a solventar gastos de los seminaristas mayores y para pagar jubilaciones de sacerdotes retirados.
El decreto-ley 21.950, que entró en vigencia en 1979, prevé “una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia” y define este guarismo en el 80% para obispos diocesanos y del 70% para “auxiliares y el Secretario General del Episcopado”.
En base a este cálculo, los obispos diocesanos reciben un ingreso de $46.800 mensuales y los auxiliares y obispos eméritos de $40.950. Complementan esta norma cuatro leyes que también fueron aprobadas durante la dictadura. En caso de avanzar con una reforma, se requerirá la intervención del Congreso para proceder a las modificaciones que se requieran en estas y otras leyes.+
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