Caracas (Venezuela) (AICA): Tras la explosión durante un acto oficial, que fue considerado por las autoridades como un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) llamó al gobierno “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos” y las detenciones arbitrarias de opositores.
Tras la explosión durante un acto oficial, que fue considerado por las autoridades como un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) llamó al gobierno “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos” y las detenciones arbitrarias de opositores.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la detención del diputado Julio Borges, opositor y expresidente de la Asamblea Nacional refugiado en Colombia, a quien el mandatario venezolano acusa de participar en el “atentado” con drones del sábado 4 de agosto.

Además, el servicio de inteligencia detuvo al diputado opositor Juan Requesens, luego que Maduro también lo acusara de ser “uno de los responsables” del presunto atentado.

La orden contra Borges y la detención de Requenses se dieron luego que la Asamblea Nacional Constituyente –controlada por el Gobierno– revocó la inmunidad parlamentaria de ambos.

Ante esta situación, el organismo laical de la CEV publicó un comunicado en el que afirmó que la investigación de hechos punibles, como el presunto atentado, debe realizarse a través de “los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación”.

Asimismo, advirtió que los indicios o presunciones de responsabilidad penal no deben llevar “a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas”, que atentan contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos.

En este sentido, instó “al gobierno nacional a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.

“Invitamos a todos los grupos y vicarias de derechos humanos a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso”, agregó.+

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